JUSTICIA PENAL MILITAR

JUSTICIA PENAL MILITAR
Escudo de la Justicia Penal Militar

martes, 29 de mayo de 2012

TEXTO APROBADO POR LA COMISION PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

 PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 16 DE 2012 SENADO 192 DE 2012 CÁMARA

“POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, 152 Y 221 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:


Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y que ejercerá las siguientes funciones:

1.      De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2.      De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3.      De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4.      Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por seis (6) magistrados, tres (3) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno y deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el mismo periodo de estos últimos y estarán sometidos a las mismas inhabilidades e incompatibilidades.

Una ley estatutaria establecerá el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

 Artículo 2º. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución.

 Artículo 3º. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:

De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en  retiro.

 En ningún caso la justicia penal militar o  policial  conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, y  reclutamiento o uso de menores. Las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario.

 Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre algún hecho que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la justicia penal militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica  de coordinación integrada por representantes de la jurisdicción penal militar  y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial, en los términos que señale la ley estatutaria, la cual regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinaria y penal militar y   los plazos que deberá cumplir.

 La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales y adoptar un Código Penal Policial.

 La ley establecerá las garantías de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar. Además, regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

 Créase un fondo destinado específicamente a financiar el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

 Artículo 4°  transitorio. Los procesos penales por el delito de homicidio que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública en la jurisdicción ordinaria y que no estén en etapa de juicio, continuarán en ésta hasta que se expida la ley estatutaria de que trata el artículo 2º del presente Acto Legislativo, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de competencia aquí señaladas.

 Artículo 5º. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

 EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 16 DE 2012 SENADO 192 DE 2012 CÁMARA “POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, 152 Y 221 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”, COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2012, ACTA NÚMERO 49.

 PONENTES COORDINADORES:


JUAN MANUEL GALAN PACHON                            JUAN CARLOS VELEZ URIBE

H. Senador de la República                                       H. Senador de la República


Presidente,


H.S. LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES



Secretario,


            GUILLERMO LEON GIRALDO GIL

miércoles, 9 de mayo de 2012

BOLETIN JURISPRUDENCIAL 004-ABRIL DE 2012

 TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR
RELATORÍA
BOLETÍN JURISPRUDENCIAL

 PRINCIPALES DECISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2012

1.- (16-Abr-2012) – M.P. TC. ISMAEL ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO – ABANDONO DE COMANDOS ESPECIALES – Delito de mera conducta – INGREDIENTES NORMATIVOS DEL TIPO – Alcance del ingrediente “… Poner efectivamente en peligro…” - Antijuridicidad formal y material – No existe certeza del abandono del comando por más de 24 horas.

2.- 156935 (23-Abr-2012) M.P. CR. MARÍA PAULINA LEGUI-ZAMÓN ZÁRATE - PECULADO CULPOSO – Solo se re-quiere la mera tenencia y custodia material del bien para que la conducta sea típica - PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – Delito militar y delito común - La normatividad que la contempla es similar tanto en la Justicia Penal Militar como en la Justicia Ordinaria - EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO— Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3.- 157278 (12-Abr-2012) M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁ-REZ ALDANA – HURTO DE ARMAS Y BIENES DE DEFEN-SA – SU ESTRUCTURA DOGMÁTICA – Ingrediente normativo - Radio portátil de comunicaciones – Naturaleza del bien destinado a la defensa nacional - RECURSO DE APELA-CIÓN – Carece de la técnica y solidez argumentativa – Inexistencia de razones de hecho y de derecho – Vigencia de la Ley 1407 – Coexistencia de legislaciones.

4.- 157264 (30-Abr-2012) M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁ-REZ ALDANA – PECULADO CULPOSO – COLISIÓN DE COMPETENCIA – Juzgado de Inspección General de la Policía Nacional y Juzgado de Primera Instancia de Departamento– EMCAR – Adscrito orgánicamente a la DIROP (Supervisión orgánica en lo territorial, funcional, administrativo y disciplinario – Unidad de la Dirección General.

5.- 157277 (16-Abr-2012) M.P. TC. JACQUELINE RUBIO BARRE-RA – CONCUSIÓN – DETENCIÓN COMICILIARIA – Madre cabeza de familia – Requisitos – Especialidad de la Justicia Penal Militar – No aplica.

6.- 157138 (24-Abr-2012) M.P. TC. PEDRO G. PALACIOS OSMA— HOMICIDIO C.- CAUSALES DE INCULPABILIDAD— Caso fortuito o fuerza mayor— Límites entre el caso fortuito y el tipo culposo—MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA— Irregularidades— No hay necesidad de decretar nulidad, pues no generan daño alguno al procesado, la decisión de absolución es la misma.

7.- 157251 (30-Abr-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS – DESOBEDIENCIA – VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCE-SO – Nulidad – No se llevó a cabo reunión del fiscal con el defensor y el procesado antes de realizarse la audiencia de acusación y aceptación de cargos – COMPARECENCIA DEL PROCESADO – No es una simple ritualidad – No se agotaron los medios idóneos.

8.- 157159 (30-Abr-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS – RECUSACIÓN – Haber emitido opinión anterior al asunto que se juzga – Existir enemistad grave o amistad íntima entre alguna de las partes y el juez, fiscal o magistrado.

9.- 155689 (10-Abr-2012) – M.P. TC. NORIS TOLOZA GONZÁ-LEZ – PECULADO CULPOSO – DEBER OBJTIVO DE CUIDADO - Transporte de dinero sin las debidas precauciones, conllevó a su pérdida – Creación de riesgo jurídicamente relevante - DEMANDA DE PARTE CIVIL – REQUISITOS - Recursos que proceden en caso de ser inadmitida o rechazada – NULIDAD – No procede si se da respuesta en una sola decisión a las diferentes solicitudes pre-sentadas por el defensor.

10.- 155689 (10-Abr-2012) – M.P. TC. NORIS TOLOZA GONZÁ-LEZ – DESERCIÓN - PECULADO CULPOSO – Aplicación del artículo 260 de la ley 522 de 1999 - El recurso de apelación procede en la audiencia de corte marcial conforme las normas procesales contenidas en la ley 1407, por razón del principio de favorabilidad.

11.- 154546 (25-Abr-2012) M.P. CN. (r) CARLOS ALBERTO DULCE PEREIRA – FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO – JUEZ NATURAL – VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO – Nulidad - Competencia juzgados de primera instancia de la Policía - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PE-NAL MILITAR – No le está permitido asignar competencias – PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

12.- 157228 (11-Abr-2012) – M.P. CN. (r) JORGE IVÁN OVIEDO PÉREZ – DE-SERCIÓN – REDOSIFICACIÓN DE LA PENA – Rebaja de pena dando aplicación al principio de favorabilidad - Reducción de la sexta parte establecida en la ley 1058 de 2006.

13.- 157273 (16-Abr-2012) M.P. MY. (r) MARYCEL PLAZA ARTURO – CENTINELA - PECULADO SOBRE BIENES DE DOTACIÓN – Elementos estructura-les en la ley 600 de 2000 – Análisis del tipo subjetivo - El propósito o intención de apropiarse del bien debe ser demostrado.

14.- 157189 (25-Abr-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME– ABUSO DE AUTORIDAD - No debe confundirse con el punible de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD - Limitación o privación de la libertad sin orden judicial – CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL –Debe guardar concordancia con el supuesto fáctico probado – PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PE-JUS – Aplica para todo auto susceptible del recurso de apelación.

15.- 157173 (30-Abr-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME– LESIONES PERSONALES – Competencia de los juzgados de primera instancia de la Policía Metropolitana y los Juzgados de Primera instancia de departamento de Policía Metropolitana – DEBIDO PROCESO – Juez natural – Competencia – Prescripción de la acción penal.

16.- 154952 (19-Abr-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME – ABANDONO DEL SERVICIO – PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS TÍPICAMENTE MILITARES – Incremento del art. 83 ley 599 de 2000 le es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública por ser servidores públicos— TRASTORNO DEPRESIVO - Genera inimputabilidad y no se constituye en causal de ausencia de responsabilidad.
 

SP. AMANDA MOLINA VILLAREAL
Relatora

Twitter: @TribunalMilitar




lunes, 30 de abril de 2012

 TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR
RELATORÍA
BOLETÍN JURISPRUDENCIAL 003
PRINCIPALES DECISIONES DEL MES DE MARZO 2012

1.- 15714 (15-mar-2012) – M.P. TC. ISMAEL ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO – DE-CLARATORIA DE PERSONA AUSENTE – Trámite – Expedición de orden de captura - No debe realizarse mediante comunicación telefónica al indiciado.

2.- 149416 (20-mar-2012) – M.P. TC. NORIS TOLOZA GONZÁLEZ – ATAQUE AL INFERIOR – LESIONES PERSONALES DOLOSAS – QUERELLA – La debe pre-sentar el sujeto pasivo del hecho punible – Incapacidad médico legal inferior a 30 días, sin secuelas – IN DUBIO PRO REO – Testimonio – Valoración.

3.- 157086 (23-Mar-2012) – M.P. CN. (r) JORGE IVÁN OVIEDO PÉREZ – DE-SERCIÓN – Prescripción en la Ley 1407 (1 año) – Implementación sistema penal acusatorio en la JPM – Medida de aseguramiento – Fines constitucio-nales.

4.- 157244 (26-Mar-2012) M.P. CR. MARÍA PAULINA LEGUIZAMÓN ZÁRATE - ATAQUE AL SUPERIOR – Amenazas – DICTAMEN PERICIAL – Oficiosidad del juez para ordenar su ampliación, complementación y aclaración - ONUS PROBANDO – (carga de la prueba)-Base para la presunción de inocencia – Notificaciones – Ejecutoria de las decisiones judiciales.

5.- 157141 (27-Mar-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS – PE-CULADO POR APROPIACIÓN – FABRIACIÓN POSESIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS – MEDIDA SE ASEGURAMIENTO – Estructura-ción - Finalidades – Requisitos formales, materiales o sustanciales.

6.- 157060 (30-Mar-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS – LE-SIONES PERSONALES – DEL CENTINELA – ATAQUE AL CENTINELA – Empleo de la fuerza física como acto del servicio – Falla en la prestación del servicio – RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL – Trámite procesal diferente – UNI-DAD PROCESAL - Se investigan y juzgan de manera conjunta los hechos puni-bles conexos – RIÑA – Agresión mutua – No admite el instituto de la legítima defensa.

7.- 156649 (30-Mar-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS - FA-VORABILIDAD – Vigencia de la ley 1407 - Formas propias de cada juicio – Inaplicabilidad de la consulta – Coexistencia de normas – NULIDAD – Correc-ción de actos irregulares.


8.- 157174 (30-Mar-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS - PECULADO CULPOSO – Pérdida de arma de dotación – Relación con el servicio – DEBER OBJETI-VO DE CUIDADO – Resultado como presupuesto de imputación – Relación de riesgo – Prohibición de llevar arma de dotación a la casa –IMPUTACIÓN OBJETIVA – Caso fortuito.

9.- 157250 (08-Mar-2012) M.P. MY (r) MORALES CHINOME JOSÉ LIBORIO – IMPEDI-MENTO – Enemistad grave de la Juez con el defensor y el procesado – las causales son taxativas - violación al debido proceso – PERSONERIA JURÍDICA – para su perfec-cionamiento solo se requiere presentación personal – CAMBIO RADICACIÓN – Cau-sales taxativas.

10.- 157145 (27-Mar-2012) M.P. MY (r) MORALES CHINOME JOSÉ LIBORIO – ABAN-DONO DEL PUESTO – NULIDADES – Las decisiones deben ser motivadas – Exponer las razones fácticas y jurídicas en que se fundamenta la providencia – Valoración de los medios de convicción.

11.- 157245 (30-Mar-2012) M.P. MY (r) MORALES CHINOME JOSÉ LIBORIO – DESER-CIÓN – Prescripción de la acción penal – Transición de normas – DIFERENCIAS ENTRE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN - No existe identidad o simi-litud entre la formulación de la imputación del sistema oral con la resolución de acusación de la ley 522 de 1999.

12.- 157078 (28-Mar-2012) M.P. CN. (r) CARLOS ALBERTO DULCE PEREIRA, ATAQUE AL SUPEROR Y LESIONES PERSONALES – FUERO PENAL MILITAR - Delitos comunes típicamente militares y su relación con el servicio – Realización de labores adminis-trativas (Lavado de uniformes) – son actividades propias de la naturaleza de la fuer-za pública y de su esencia.

13.- 157157 (08-Mar-2012) M.P. CN. (r) CARLOS ALBERTO DULCE PEREIRA – PECULA-DO CULPOSO – EXTRAVÍO DEL BIEN – Su entrega debe hacerse por razón o con oca-sión de la función pública – No basta con que el objeto material esté en posesión del servidor – La tenencia, posesión o disponibilidad jurídica del bien por parte del fun-cionario habría sido generada por un deber atinente a sus funciones.

14.- 157197 (22-Mar-2012) M.P. T.C. PEDRO GABRIEL PALACIOS OSMA – DESERCIÓN - VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO – No se vulnera cuando se realizan las diligencias necesarias y razonables para hacer comparecer oportunamente al sindicado - Pasivi-dad del defensor, no constituye abandono de la defensa técnica.

16.- 156165 (22-Mar-2012) M.P. TC. JACQUELINE RUBIO BARRERA – LESIONES PERSONALES – PRISIÓN DOMICILIARIA – VIGILANCIA ELECTRÓNICA – Instituto específico de la Justicia Ordinaria - Con negarla, no se viola el principio de igualdad - No aplican en la Justicia Penal Militar – Principio de especialidad -

17.- 157243 (29-Mar-2012) M.P. TC. JACQUELINE RUBIO BARRERA – POR ESTABLECER – DEMANDA DE PARTE CIVIL – Requisitos – Derechos de la parte civil.

18.- 150666 (29-Mar-2012) M.P. MY. (r) MARYCEL PLAZA ARTURO – DESERCIÓN – NULIDAD – Falta de motivación de las sentencias – Juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad – El proceso es una po-sición dialéctica de probar, contraprobar, argumentar y contra argumentar.

19.- 157170 (14-Mar-2012) M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA – PECULADO CULPOSO – ME-MORIAL DEL DEFENSOR – Precariedad - Carece de técnica y solidez argumentativa – SISTEMA PROCE-SAL LEY 522 DE 1999 - Al Fiscal no corresponde demostrar en grado de certeza la responsabilidad del procesado – DEBER OBJETIVO DE CUIDADO - Fuente de riesgo permitida – Portar un arma.

20.- 157220 (15-Mar-2012) M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA – POR ESTABLECER – APELA-CIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE CIVIL – Debe sustentar las razones de desacuerdo de la decisión que ataca – Su intervención no es absolutamente facultativa – Deben operar los principios de conducencia y pertinencia probatoria.
Boletín 03 Marzo de 2012

viernes, 20 de abril de 2012

BOLETÍN JURISPRUDENCIAL 02 FEBRERO 2012


1.- 157225 (13-Feb-2012) – M.P. TC. JACQUELINE RUBIO BARRERA - DESOBEDIENCIA Y ABANDONO DEL PUESTO –  LIBERTAD PROVISIONAL Y CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL – Se aplica si el procesado constituye un peligro para la sociedad, de acuerdo a la gravedad y modalidad de la conducta, no solo perturba el bien jurídico del servicio, sino el de la Disciplina militar, sin la cual no es posible la misión constitucional asignada a las fuerzas militares, por lo que su incumplimiento se castiga con severidad.

2.- 157201 (02-Feb-2012) – M.P. TC. JACQUELINE RUBIO BARRERA – HOMICIDIO - CESACIÓN  DE PROCEDIMIENTO – Para decretarla se requiere certeza – CONVALIDACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS POR PRESUNCIÓN DE LA COMPETENCIA – No pierden su validez si son recaudadas con el lleno de los requisitos legales.

3.- 157099 (23-Feb-2012) – M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA – HOMICIDIO CULPOSO – LESIONES PERSONALES CULPOSAS Y DESOBEDIENCIA – DOSIFICACIÓN PUNITIVA EN EL CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES O ACUMULACIÓN DE PENAS Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – Son institutos ontológicamente diversos.

4.- 157200 (20-Feb-2012) - M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA - DEL CENTINELA Y ABANDONO DEL PUESTO - CORRECCIÓN DE ACTOS IRREGULARES - Principios de finalidad e instrumentalidad de las formas – Naturaleza de los actos procesales – INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DELITOS DEL CENTINELA Y ABANDONO DEL PUESTO – Protegen el mismo bien jurídico, como lo es el servicio – VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA – Es procedente realizarla por declaratoria de nulidad.

5.- 156311 (20-Feb-2012) – M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA - ATAQUE AL INFERIOR – Vías de hecho – Desborde de poder - ACCIÓN DE COMANDO – LIDERAZGO MILITAR – PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – Coexistencia y concurrencia de normas.

6.-  155254 (07-Feb-2012) – M.P. TC. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA – HOMICIDIO CULPOSO - DEBIDO PROCESO – Vulneración – SANA CRÍTICA – Valoración de la prueba – MEMORIAL IRRESPUETUOSO – Llamado de atención al Defensor – Decisión temeraria del Tribunal Superior Militar – DEBER OBJETIVO DE CUIDADO - Funciones de los escoltas.

7.- 157130 (29-Feb-2012) – M.P. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS – ABANDONO DEL PUESTO - PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD  LEY 1407 – RETROACTIVIDAD Y ULTRACTIVIDAD DE LA LEY PENAL – LEX TERTIA - Tránsito de leyes – Prisión y arresto -  Se aplica la ley vigente para la época de los hechos – FAVORABILIDAD - Penas accesorias.

8.- 157234 (23-Feb-2012) – M.P. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS  - DESERCIÓN - OBJECIÓN DE CONCIENCIA – Deben demostrarse manifestaciones externas de sus convicciones y sus creencias - PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO -  Trámite de incorporación al servicio militar obligatorio.

9.- 156966 (22-Feb-2012) M.P. TC. FABIO ENRIQUE ARAQUE VARGAS - PROCEDIMIENTO ESPECIAL – Principio de legalidad y las formas propias del juicio – NULIDAD -Violación al debido proceso – RITUALIDAD PROCESAL – Audiencia de acusación, de aceptación de cargos y de juzgamiento – PROCEDIMIENTOS MIXTOS – Ordinario y Especial - LESIONES PERSONALES - Incapacidad inferior a 30 días. 

10.- 157038 (16-Feb-2012) M.P. TC. ISMAEL ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO - PARTE CIVIL  - FACULTADES – Interés legítimo – FOLIOS DE VIDA – Término para interponer reclamaciones.

11.- 157162 (29-Feb-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME – LESIONES PERSONALES -AUTO DE APERTURA – No es notificable – RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN – Notificación – SOLICITUD PRÁCTICA DE PRUEBAS – Conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad del medio probatorio.

12.- 154780 (09-Feb-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME - RECURSO DE APELACIÓN – Omitir firmarlo es faltar a un requisito de validez formal – No tiene valor probatorio – SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN – LESIONES PERSONALES – CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO - Extinción de la acción penal – Desistimiento.

13.- 154130 (20-Feb-2012) M.P. MY. (r) JOSÉ LIBORIO MORALES CHINOME - ABANDONO DEL PUESTO – Elementos estructurales del tipo -  “Facción – Servicio” –SERVICIO DE POLICÍA DE VIGILANCIA – Es permanente e ininterrumpido.

14.- 157206 (08-Feb-2012) M.P. TC. ISMAEL ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO  - DESERCIÓN Y DESOBEDIENCIA – Concurso aparente de tipos - Principio de consunción – Se valora la real intención y voluntad final del sujeto activo de la conducta - Traspasar los límites.

15.- 157221 (08-FEB-2012) M.P. TC. PEDRO GABRIEL PALACIOS OSMA - INDICIO GRAVE DE RESPONSABILIDAD – Para su configuración debe existir un hecho demostrado – PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Las diligencias de ratificación y ampliación del informe no son óbice para edificar un indicio grave.

16.- 155430 (29-Feb-2012) M.P. MY. (r ) MARYCEL PLAZA ARTURO - ABANDONO DE COMANDOS ESPECIALES – Se configura al no estar dentro de su jurisdicción ejerciendo las funciones de Comandante de Estación, como la Realizar operaciones para el mantenimiento del orden público en su jurisdicción – CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN – Cuando se obra en legítimo ejercicio de un derecho – Derecho a la salud -

17.- 150622 (20-Feb-2012) M.P. MARÍA PAULINA LEGUIZAMÓN ZÁRATE  - PECULADO CULPOSO – Basta con la mera tenencia del bien para que la conducta sea típica  - Nexo funcional entre el servidor público y el bien – REINTEGRO DEL BIEN – Atenuación de la pena.

18.- 156188 (29-Feb-2012) M.P. MARÍA PAULINA LEGUIZAMÓN ZÁRATE - HOMICIIO CULPOSO – APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS – Táctica defensivas – Regla de la proporcionalidad – Ventaja militar - Causales excluyentes de responsabilidad – En estricto cumplimiento de un deber legal – Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades de ley.    

19.- 157143 (28-Feb-2012) MP. CN ® JORGE IVÁN OVIEDO PÉREZ – ABANDONO DEL SERVICIO DE SOLDADOS VOLUNTARIOS O PROFESIONALES - Orden del servicio - LESIONES PERSONALES DOLOSAS – Relación con el servicio – Delitos de lesa humanidad – PROCEDIMIENTO ESPECIAL LEY 1058 – Indebida interpretación – Audiencia de corte marcial – Preacuerdos.

20.- 157229 (07-Feb-2012) M.P. CN ® JORGE IVÁN OVIEDO PÉREZ – DESERCIÓN – Indebida incorporación – CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO – Requisitos – Identificación e individualización.

21.- 157208 (08-Feb-2012) M.P. CN ® JORGE IVÁN OVIEDO PÉREZ – DESOBEDIENCIA – Incumplir orden de no Pernoctar en un sitio por más de 24 horas - HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN COMISIÓN POR OMISIÓN – DEBIDO PROCESO - NULIDAD – Resolución de situación jurídica – El vinculado debe conocer cuáles son los hechos circunstanciados que se presentan como conducta relevante para el derecho penal.

22.-   156701 (28-Feb-2012) TC. NORIS TOLOZA GONZÁLEZ -  LESIONES PERSONALES – DOLO EVENTUAL – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Calificación jurídica provisional – RETÉN MILITAR – Consignas.

23.- 153881 (2-Feb-2012) TC. NORIS TOLOZA GONZÁLEZ  - ABANDONO DEL PUESTO – Consumo de bebidas embriagantes pone en peligro el bien jurídico tutelado – Misión policial del ESMAD – Deben observar el código de conducta y los niveles de tolerancia de las operaciones de mantenimiento del orden público.

domingo, 1 de abril de 2012

C-252 de 2012 DECLARADO EXEQUIBLE EL CODIGO PENAL MILITAR DE 2010


La Corte Constitucional verificó que en el trámite de la Ley 1407 de 2011, Por la cual se expide el Código Penal Militar, no tuvo lugar elusión alguna del debate exigido por la Constitución Política a todo proyecto de ley

IV.    EXPEDIENTE D-8678   –    SENTENCIA C-252/12 (Marzo 28) 
         M.P. Juan Carlos Henao Pérez

1.        Norma acusada
LEY 1407 DE 2011, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”. Debido a la extensión de la ley, no se transcribe, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial No. 47.804 de 17 de agosto de 2010.

2.        Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1407 de 2010, por el cargo de falta de debate en la aprobación en Plenaria del Senado de dicha ley.
Segundo.- Declararse INHIBIDA, por los cargos de falta de publicidad y de quórum en la aprobación en Plenaria del Senado de la Ley 1407 de 2007, por falta de suficiencia, especificidad y claridad en la fundamentación de la demanda.

3.        Fundamentos de la decisión
La Corte reiteró que la necesidad de debate o deliberación en la aprobación de la ley, está prevista como uno de los requisitos que debe cumplir todo proyecto de ley, en la medida en que el artículo 157 de la Constitución establece la regla de los “cuatro debates”. Esta regla debe ser interpretada teniendo en cuenta las normas constitucionales y legales sobre la materia y no el uso del lenguaje común. En este sentido, recordó que esta Corporación ha establecido que por “debate” debe entenderse la oportunidad que tienen los congresistas de realizar la discusión sin que se deba medir de alguna forma la calidad, la intensidad, la profundidad y la suficiencia del debate o la deliberación, ya que la exigencia de algún grado de deliberación más que una garantía, sería una imposición que limitaría sin justificación los derechos políticos de los miembros del Congreso. La Corte indicó que la intensidad del debate o deliberación dependerá entonces, del grado de consenso o de rechazo de la propuesta que, en todo caso no debe constreñir los derechos políticos de las minorías o de la oposición. Por esta razón cuando se habla de falta de deliberación o de debate a lo que se está haciendo referencia es a la omisión de la oportunidad de participación que tienen los congresistas u otros intervinientes en el proceso de formación de la ley.
Por otra parte, si bien existe diferencia entre el concepto de deliberación y discusión y el de votación por “pupitrazo”, la Corte observó que este último tiene viabilidad en nuestro procedimiento legislativo bajo la figura de la votación ordinaria del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992. Dicha categoría, aunque puede relacionarse tangencialmente con la falta de calidad o de suficiencia de la deliberación, no está prohibida en nuestra legislación y se autoriza para la aprobación de determinado tipo de leyes y propuestas legislativas. Sin embargo, reafirmó que una cosa es la oportunidad que tienen los congresistas de deliberar en el trámite de aprobación de una ley y otra es la forma de votación que se establezca para la aprobación de dicha ley.
En el caso concreto, después de examinar minuciosamente el curso del debate que tuvo lugar en la Plenaria del Senado, del proyecto de ley que culminó en la aprobación de la Ley 1407 de 2001, la Corte concluyó que se cumplieron todos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios relacionados con la oportunidad del debate, en particular, la presentación con la debida antelación, al comienzo del debate, del Informe de Ponencia y del Pliego de Modificaciones, dando oportunidad a que los senadores conocieran la propuesta del articulado a debatir, con lo cual se cumplió debidamente con el artículo 160 de la Constitución. De igual modo, se constató que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto a la explicación sucinta que el ponente debe hacer del significado y alcance del proyecto. También, se comprobó que se dio lectura a la proposición con que terminaba el informe de ponencia, luego de la cual, se cerró la discusión y se impartió su aprobación. De esta forma, se evidencia que se dio publicidad a la proposición mediante la lectura oral de esta antes de ser debatida. Igualmente, la Corte constató que una vez leído y aprobado del Informe de Ponencia y realizadas las intervenciones de los ponentes, se abrió oficialmente el “segundo debate”. En esta parte se verificó que el ponente solicitó a la Presidencia que le pregunte a la Plenaria si aceptaba omitir la lectura del articulado, surtido lo cual, se empezó a discutir el proyecto de ley y aunque en esta parte algunos de los senadores manifestaron en sus intervenciones que se debió explicar con mayor profundidad el contenido del proyecto de ley ya que constaba de más de seiscientos artículos, no se comprueba que se opusieran a la omisión de la lectura integral del articulado. Tampoco se evidencia que se haya pedido por algunos de ellos que se leyera el articulado de manera individualizada.
Por otra parte, la Corte verificó que la discusión en torno al proyecto de ley giró en torno a varios temas. De un lado, lo que tenía que ver con la financiación y aval por parte del Gobierno Nacional; de otro, la conveniencia o inconveniencia del contenido de algunos artículos y finalmente, sobre lo escueto del debate y la necesidad de explicación por parte del Gobierno. Así mismo, indicó que se había comprobado que una vez discutido el proyecto de ley, se pasó de la sesión informal a oír la intervención de la Directora de Justicia Penal Militar. Una vez que termina dicha intervención, se verifica que por disposición de la Presidencia del Senado, se vuelve a sesionar formalmente y somete a consideración el proyecto para su aprobación. Posteriormente se verifica que este se vota afirmativamente.
En conclusión, la Corte no encontró que la aprobación de la Ley 1407 de 2011 se haya presentado el vicio de trámite de falta de debate o deliberación y, en consecuencia, procedió a declarar la exequibilidad de dicha ley, frente a este cargo.

4.        Aclaración de voto
El magistrado Humberto Antonio Sierra Porto anunció la presentación de una aclaración de voto relativa al fundamento de la inhibición, respecto de la ineptitud del cargo por desconocimiento del  requisito de publicidad y quórum.  

martes, 27 de marzo de 2012

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 192 DE 2012

Bogotá, 27 de marzo de 2012
 
Doctora
ADRIANA FRANCO CASTAÑO
PRESIDENTE
COMISION PRIMERA CAMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad


En nuestra condición de ponentes del Proyecto de Acto Legislativo número 192 de 2012 Cámara “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, nos permitimos presentar ponencia positiva para primer debate en Comisión Primera de esta Honorable corporación.
Cordialmente,

HR. EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO
Representante a la Cámara


HR. HUGO ORLANDO VELASQUEZ JARAMILLO
Representante a la Cámara

HR. OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE
Representante a la Cámara

HR. GERMAN VARON COTRINO
Representante a la Cámara

HR JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ
Representante a la Cámara

HR. HERNANDO ALFONSO PRADA GIL
Representante a la Cámara

HR. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ
Representante a la Cámara

HR. GERMAN NAVAS TALERO
Representante a la Cámara


PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO. 192 DE 2012 CÁMARA

Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la designación que hiciera la mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara, nos permitimos presentar informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo No. 192 de 2012 Cámara “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia

El proyecto de Acto Legislativo presentado busca establecer un marco jurídico claro de nivel constitucional para la investigación y juzgamiento de los militares y policías que en cumplimiento de su deber se ven avocados a responder ante las autoridades judiciales por sus actuaciones.

Su discusión representa también una oportunidad para dejar claro que contar con postulados constitucionales que garanticen el respeto de los derechos mínimos de defensa y debido proceso de los uniformados contribuye a reforzar los avances que ha logrado el Estado colombiano en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. Esos derechos humanos son universales y a veces se nos olvida que los militares y policías también son destinatarios de las garantías que predicamos para todos los habitantes de Colombia.

Propugnar por unas reglas de juego preestablecidas desde la Constitución en materia de fuero, justicia penal militar y defensa técnica es un clamor de los hombres y mujeres que exponen todos los días su vida, libertad, honor y dignidad a la hora de cumplir con su deber. Si el Estado les ha otorgado el uso de las armas para defender a la Nación y garantizar las condiciones de convivencia, y vigilamos con celo el uso que de ellas hacen, el mismo Estado les debe brindar la seguridad jurídica para que en caso de investigación sean juzgados con pleno respeto de sus derechos, en el marco jurídico que corresponde y con una defensa de calidad.

En el marco del trámite del Proyecto, se surtió una audiencia pública citada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el día 26 de marzo de 2012, para la cual se hizo una amplia convocatoria a representantes de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales y de derechos humanos, representantes de la fuerza pública, así como decanos de Universidades y académicos que han manifestado interés en el debate.

Respondieron el llamado los siguientes intervinientes, quienes coincidieron en la necesidad de la reforma. Mientras algunos consideraron conveniente y completa la propuesta, otros la consideraron insuficiente para brindar seguridad jurídica a los integrantes de la Fuerza Pública teniendo en cuenta la compleja realidad operacional que afrontan en el marco del conflicto.

Se destacaron las siguientes intervenciones:

General Arturo Camelo: consideró oportuno continuar con el debate del inciso propuesto en el marco de la reforma a la justicia, en su criterio suficiente para garantizar la sentida necesidad jurídica. Consideró extensa la propuesta y susceptible de generar mayor inseguridad.

Honorable Senador Juan Lozano: por su parte, consideró oportuno continuar el debate actual del inciso propuesto y complementarlo con las recomendaciones que hizo la Comisión sin afectar el principio de consecutividad. Lo anterior, con el fin de obtener una reforma a corto plazo. Sobre la comisión mixta insistió en que requería mayor precisión en cuanto a sus fines, naturaleza y composición. En relación con el listado de delitos solicitó encontrar una fórmula alterna por considerar inconveniente y contra la técnica jurídica constitucionalizar un listado de conductas que en su opinión podría generar un impacto contrario al deseado. Sugirió también que el fondo destinado a la defensa técnica dependa directamente del Ministerio de Defensa. Llamó la atención sobre la necesidad de incluir el fuero disciplinario y sugirió incluir en el Acto Legislativo el fuero carcelario, tal y como lo propuso el partido Conservador.

General Salcedo Lora: ratificó la conveniencia de la reforma y explicó las motivaciones que llevaron a la Comisión Asesora a formular una propuesta por consenso. Citó algunos ejemplos donde una inadecuada interpretación de la doctrina militar y la aplicación del marco jurídico equivocado llevó a condenas desproporcionadas para los implicados.

Luis Manuel Neira, Secretario General del Ministerio de Defensa: precisó los orígenes de la reforma y explicó uno a uno los diez temas sustanciales con los cuales se busca una reforma integral al juzgamiento de los militares, reiterando la posición del Gobierno expresada en la exposición de motivos.

Juan Manuel Muñoz, Fundación Nueva Esperanza: presentó y radicó una propuesta escrita donde planteó la conveniencia de la reforma pero señalando que podría generar algunos vacíos toda vez que el contexto de aplicación del fuero militar en Colombia no es comparable con el de otros países.

Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia: reiteró la importancia del tema para el Gobierno y dejó claro que responde a una necesidad actual y sentida de la Fuerza Pública, cuya discusión corresponde al Congreso, libre de presiones externas, sin perjuicio de escuchar a los diferentes sectores que han participado en el debate.

Escuchados estos planteamientos y revisado el proyecto de reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución, radicado por el Gobierno el pasado 16 de marzo, los suscritos ponentes encontramos que si bien la propuesta recoge diferentes alternativas para dar una respuesta integral a los temas que hoy nos preocupan, algunos de los artículos e incisos que se proponen requieren de ajustes y/o aclaraciones para que no existan dudas frente a las reglas de juego a las cuales están sometidos los integrantes de la Fuerza Pública. Lo anterior, con el fin de no dejar a la interpretación lo que de manera precisa debe definir la Constitución en la materia que nos ocupa.

En este orden, se propone modificar la propuesta de Acto Legislativo en los siguientes aspectos:

Tribunal de Garantías

La propuesta radicada propone crear un Tribunal de Garantías en los siguientes términos:

Una ley estatutaria creará un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción. El Tribunal será organizado mediante ley estatutaria y ejercerá de manera preferente las siguientes funciones:

1. Servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. Controlar la acusación penal, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

 3. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por un número impar de magistrados, elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Los magistrados deberán ser especialistas en derecho constitucional, derecho penal o derecho internacional humanitario y cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro podrán formar parte de este Tribunal. La ley establecerá un mecanismo de postulación de candidatos que asegure la integración equilibrada del Tribunal.

 Los integrantes del Tribunal tendrán el mismo periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ejercer ningún cargo público durante los cinco años siguientes.

Esta adición al artículo 116 de la Constitución propone que el Tribunal tenga jurisdicción nacional y haga parte de la rama judicial, con competencia en las dos jurisdicciones: penal ordinaria y penal militar, y se le faculta para ejercer como juez de control de garantías con una novedad, y es que podrá ejercer un control no meramente formal sino también material sobre la acusación penal que es el momento crucial para dar inicio a la etapa de juicio.

Dentro de las observaciones tenemos en primer lugar lo relacionado con la oportunidad de crearlo desde la Constitución y no esperar a que lo haga la ley. Por ello, se propondrá su creación directa, sin perjuicio de que una ley estatutaria regule otros aspectos atinentes a su composición, postulación y funcionamiento.

El segundo aspecto que nos preocupa, tiene que ver con la regulación detallada de algunos puntos que bien pueden ser desarrollados por la ley a efectos de simplificar el debate en esta instancia. Si bien la naturaleza y funciones del Tribunal requieren de rango constitucional, así como el mandato de que tenga una composición equilibrada que incluya a miembros de la Fuerza Pública en retiro, también lo es que la calidad de sus integrantes, su forma de integración y mecanismo de selección pueden ser fijados por la ley estatutaria que lo regule.

En este orden, se propondrá un texto que no permita equívocos sobre la integración ponderada del Tribunal con participación de miembros de la Fuerza Pública en retiro y que equipare los requisitos, periodo e inhabilidades generales a los de los magistrados de las Altas Cortes, delegando a la ley los demás aspectos atinentes a la integración del Tribunal.

 Así, el texto propuesto es el siguiente:
 
Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y que ejercerá de manera preferente las siguientes funciones:

 1. Servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

 2. Controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

 3. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado de manera equilibrada por un número impar de magistrados que incluya a miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el mismo periodo de estos últimos y estarán sometidos a las mismas inhabilidades.

Una ley estatutaria establecerá el mecanismo de composición y postulación de los candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

 Ley Estatutaria

El proyecto de Acto Legislativo de manera acertada adiciona las materias que pueden ser objeto de ley estatutaria para incluir la regulación sobre juzgamiento a miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción conforme a los artículos 116 y 221.

 En principio podría asumirse que el literal b) del actual artículo 152 de la Constitución Política al establecer como materia de ley estatutaria la administración de justicia podría ser suficiente. No obstante, una lectura integral del Acto Legislativo nos lleva a concluir que algunos temas que deberán ser regulados por la ley y que impactan directamente en la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, exceden el tema de estructura, competencias y organización de la administración de justicia y ello justifica la adición propuesta.

Algunos de estos temas serían:

· Tipificación de los crímenes de lesa humanidad.

· Definición precisa, específica y taxativa de tipos penales que no son de conocimiento de la justicia penal militar.

· Funcionamiento y composición del Tribunal de Garantías Penales.

· Reglas de interpretación y aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

· Armonización del Derecho Internacional Humanitario con el derecho penal.

· Composición, postulación y funcionamiento de la comisión mixta.

· Garantías de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar y policial.

· Desarrollo del sistema de defensa técnica y especializada para miembros de la Fuerza Pública.

 Frente a este artículo se propone una variación en la redacción a efectos de precisar el nuevo literal, así:
 
Las materias señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, atinentes al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción.


Delimitación de competencias entre justicia ordinaria y justicia penal militar

En este aspecto el proyecto presentado trae el siguiente texto:
 
En ningún caso la Justicia Penal Militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.

La propuesta representa una herramienta que resultará de suma utilidad para el operador judicial, en cuanto aclara y determina taxativamente los delitos que por su naturaleza y según se ha reconocido por instrumentos internacionales rompen el nexo funcional con el servicio y resultan ser totalmente extraños a la función militar o policial. Consideramos que bajo este postulado se adecúan sin ningún problema los delitos de lesa humanidad y el genocidio.

No obstante, respecto de las otras conductas que se mencionan: ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores, si consideramos que deben ser excluidas del proyecto para delegar en la ley estatutaria una regulación que contenga una lista precisa, específica y taxativa de conductas que en ningún caso pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar.

Es decir, si bien la Constitución podría incluir algunas conductas que ostensiblemente no guardan relación con el servicio, sería pertinente reenviar a la reserva de ley estatutaria la delimitación y definición de aquellas cuyo conocimiento no es de la justicia penal militar.

Esta delimitación de los delitos que posteriormente serán tipificados en la ley, limita el marco de configuración para reducir ostensiblemente los “Casos Difíciles” o zonas de penumbra.

La propuesta consiste entonces en dejar a una ley estatutaria la tarea de señalar de manera específica, precisa y taxativa aquellos delitos que conoce la justicia penal militar.

Proponemos entonces que se mantengan los de lesa humanidad y genocidio y se señale que una ley estatutaria definirá un listado específico, preciso y taxativo de los delitos que no deben ser conocidas por la justicia penal militar. Un listado taxativo implica mayor precisión para el operador judicial y seguridad jurídica para los investigados y las víctimas.

El tratamiento legislativo especial de mayorías y consensos y un control previo por parte de la Corte Constitucional, que requiere la ley estatutaria, sin lugar a dudas otorgará un marco jurídico claro para los operadores judiciales tanto de la jurisdicción especializada como de la jurisdicción ordinaria y seguridad jurídica para los sujetos procesales.

Lo anterior significa que el juez ya no estaría obligado a resolver esta discusión caso a caso y por vía interpretativa apoyado en la jurisprudencia, sino que contaría con una norma de carácter constitucional y legal que debe ser de aplicación inmediata. Es decir que tanto el juez constitucional como el juez penal deberán remitirse a un listado específico, preciso y taxativo de delitos. Esto se traduce en mayor celeridad de la investigación y en la garantía del respeto al derecho de juez natural.

En cuanto a la competencia que hace la propuesta de dejar al conocimiento exclusivo de la justicia penal militar las infracciones al derecho internacional humanitario, no tenemos objeción alguna. Por el contrario, nos parece que se trata de un gran avance para adecuar la legislación a la situación a la situación de conflicto interno y a la compleja realidad operacional que afronta nuestra Fuerza Pública.

En el marco del conflicto armado, los delitos en los que eventualmente puede incurrir un miembro de la Fuerza Pública en el ejercicio de las funciones que le ha otorgado la Constitución y la ley deben ser evaluados bajo las normas de Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, las conductas que puedan a llegar un hecho punible deben ser de conocimiento de la justicia especializada, así como las conductas que tienen relación con el servicio en los términos del inciso 1º del artículo 221 de la Constitución Política.

En este punto, es de vital importancia señalar que el debate sobre la jurisdicción competente no es un debate sobre la responsabilidad y certeza de la comisión de un hecho punible, sino es más bien un debate de juez natural que lo que busca es determinar si respecto a un hecho concreto de un miembro de la Fuerza Pública la investigación penal debe estar a cargo de la jurisdicción especializada o si por el contrario es de la jurisdicción ordinaria.

En este orden, el texto que para este tema se propone es el siguiente:

En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio, ni de los delitos que de manera específica, precisa y taxativa defina una ley estatutaria. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.

Comisión mixta

La propuesta presentada consigna la creación de esta comisión en los siguientes términos:

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre algún hecho que pueda ser punible y existe duda sobre la jurisdicción competente, una comisión mixta integrada por representantes de las dos jurisdicciones, constatará inmediatamente lo sucedido y remitirá la actuación a la que corresponda. La ley estatutaria regulará la composición de la comisión y la forma en que será apoyada por los diferentes órganos de Policía Judicial de las jurisdicciones ordinaria y militar. También indicará las autoridades que pueden solicitar la intervención de la comisión, los plazos que deberá cumplir y la manera de solucionar sus desacuerdos.

Es preciso proponer una redacción que no deje dudas sobre la naturaleza, funciones y composición de esta novedosa comisión: i) la Comisión por ser de carácter mixto compuesta por representantes de las dos jurisdicciones tendría por objetivo constatar en cumplimiento del principio de inmediatez si un hecho pueda llegar a constituir una conducta punible; ii) el informe que emite la comisión facilita mediante su concepto técnico y especializado que se observe el marco jurídico aplicable a cada caso y se remita lo actuado a la jurisdicción competente; iii) la Comisión debe constatar los hechos, limitándose a determinar si ha habido una conducta punible y la jurisdicción a la cual correspondería su conocimiento. La comisión no interfiere en la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia.

La comisión es un espacio permanente de coordinación, de carácter mixto, compuesta por representantes de la jurisdicción ordinaria y penal militar, que apoyados en la policía judicial de ambas jurisdicciones, tiene como cometido primordial conceptuar de manera técnica y especializada si en un caso concreto se ha cometido o no un delito y en éste último evento enviar su concepto a la jurisdicción debe iniciar esa investigación.

La comisión, verificados los hechos, procederá de inmediato a enviar las actuaciones a la jurisdicción ordinaria o a la penal militar, según corresponda.

La comisión, respetando los postulados constitucionales, puede llegar a la conclusión de que no existe mérito para iniciar una investigación penal. Esto resulta coherente con lo preceptuado en el artículo 250 de la Constitución:

La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo… se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

Se trata de una comisión de coordinación y no de un tribunal de carácter jurisdiccional que decide competencias. Sus pronunciamientos no tienen carácter jurisdiccional, se limita a presentar un concepto técnico y especializado basado en las constataciones probatorias.

En la medida en que la propuesta de Acto Legislativo delimita la competencia de las dos jurisdicciones, el papel de la comisión será excepcional y restrictivo según las reglas que determine la ley estatutaria. Así, la aplicación de las reglas de competencia constitucionales y legales son las llamadas a establecer primariamente la competencia. La comisión mixta opera excepcionalmente con carácter técnico cuando estas reglas no ofrezcan suficiente claridad. En todo caso, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces siempre tendrá la facultad de dirimir los conflictos de competencia.

Se propone entonces, la siguiente redacción:


Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre algún hecho que pueda ser punible y aplicando las reglas constitucionales y legales existentes no puede determinarse la jurisdicción competente, una comisión de coordinación mixta integrada por representantes de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal militar, constatará inmediatamente los hechos y preliminarmente remitirá la actuación a una de las dos jurisdicciones, sin perjuicio de las facultades asignadas al órgano encargado de definir el conflicto de competencias. La ley estatutaria regulará la composición de la comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinaria y penal militar, las autoridades que pueden solicitar su intervención y los plazos que deberá cumplir.

Defensa técnica especializada

El Proyecto de Acto Legislativo contempla la creación de un fondo para la defensa de los miembros de la Fuerza Pública en los siguientes términos:

La ley estatutaria creará un fondo destinado específicamente a financiar la defensa pública técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en cualquiera de las dos jurisdicciones, bajo la orientación y coordinación de la autoridad que determine la ley.

El constituyente de 1991 consagró el derecho de defensa como uno de los principales presupuestos del debido proceso. Por eso creemos conveniente, respetando el principio constitucional de la división de poderes, respaldar el proyecto de Acto Legislativo, pues se debe reconocer a los miembros de la Fuerza Pública el ejercicio adecuado y especializado del derecho a la defensa a través de la creación de un Sistema de Defensoría Técnica Especializada.

Entre las obligaciones internacionales de respeto se encuentra el derecho fundamental a la defensa contenida en el artículo 8º de la Convención, que sostiene:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo se nombrará defensor dentro del plazo establecido por la ley (…).

El ordenamiento jurídico colombiano no puede desconocer el derecho fundamental a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que se trata de un derecho reconocido universalmente, que para el caso particular se hace más evidente si se tiene en cuenta que cumplen una misión constitucional para la protección de bienes jurídicos superiores. A ello se suma la especialidad y riesgo del ejercicio de la función militar y policial.

 Como quiera que se requiere adecuar el ordenamiento jurídico interno para garantizar el derecho fundamental a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, es necesario crear un sistema de defensa técnica y especializada. Para ello se propone la siguiente redacción:

Crease un fondo destinado específicamente a financiar el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley estatutaria, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

 Centros de Reclusión para miembros de la Fuerza Pública

 La propuesta presentada por el Gobierno, si bien es integral e impacta diferentes temas sensibles en materia de seguridad jurídica, dejó de lado la discusión sobre la necesidad de prever desde la Constitución la obligación de que los miembros de la Fuerza Pública que sean cobijados con medida de privación de la libertad, cumplan la misma en centros de reclusión especial.

La reclusión en unidades militares o en pabellones especiales no sólo tiene fundamento legal en al actual artículo 27 del actual Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, sino también en la jurisprudencia constitucional. En efecto, al declarar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-153 de 1998, evaluó las condiciones de reclusión de miembros de la Fuerza Pública e insistió en la obligación de mantenerlos separados de los demás internos y de garantizarles condiciones dignas orientadas a la resocialización. Señaló entonces la Corporación:

De otro lado, el Código de Procedimiento Penal (art. 402), el Código Penal Militar (art. 631) y el Código Penitenciario y Carcelario (art. 27) disponen que los miembros de la Fuerza Pública cumplirán su detención preventiva “en centros de reclusión especialmente establecidos para ellos y a falta de éstos en las instalaciones de la unidad a la que pertenezcan.”


En la inspección judicial realizada en la Cárcel Modelo, la comisión judicial pudo observar uno de los dos sitios especiales en los que se encuentran los miembros de la Fuerza Pública, los llamados CAI, ubicados en un pasillo del pabellón dos. En el mencionado pasillo se encuentran tanto condenados como sindicados y en él también se presenta la situación de hacinamiento. Lo más grave de todo es, sin embargo, que los internos del denominado CAI se encuentran separados de los demás reclusos únicamente por una reja. Este hecho significa para ellos un riesgo permanente para la vida e integridad personal, pues en el cumplimiento de sus anteriores actividades como miembros de la Fuerza Pública se enfrentaron frecuentemente con reclusos de los otros pasillos y pabellones. Por esta razón, los internos del CAI permanecen durante todo el día en el pasillo, sin salir al patio a tomar el sol…

Así, según la jurisprudencia citada corresponde entonces al legislador elevar a rango constitucional el fuero carcelario, sin perjuicio de fortalecer los controles con el fin de asegurar que para los miembros de la Fuerza Pública se cumplan los principios y finalidades del sistema carcelario.

En este orden, se propone adicionar un inciso final al artículo 221 en los siguientes términos:


Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.



PROPOSICION


En consideración a los argumentos anteriormente expuestos, proponemos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de de Acto Legislativo No. 192 de 2012 Cámara “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia


HR. EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO
Representante a la Cámara



HR. HUGO ORLANDO VELASQUEZ JARAMILLO
Representante a la Cámara



HR. OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE
Representante a la Cámara


HR. GERMAN VARON COTRINO
Representante a la Cámara



HR JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ
Representante a la Cámara



HR. HERNANDO ALFONSO PRADA GIL
Representante a la Cámara


HR. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ
Representante a la Cámara



HR. GERMAN NAVAS TALERO
Representante a la Cámara


TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE DE ACTO LEGISLATIVO NO. 192 DE 2012 CÁMARA “POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, 152 Y 221 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:


Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:


Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y que ejercerá de manera preferente las siguientes funciones:


1. Servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.


2. Controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.


3. Las demás funciones que le asigne la ley.


El Tribunal de Garantías estará integrado de manera equilibrada por un número impar de magistrados que incluya a miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el mismo periodo de estos últimos y estarán sometidos a las mismas inhabilidades.


Una ley estatutaria establecerá el mecanismo de composición y postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.


Artículo 2º. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:


g) Las materias señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, atinentes al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción.


Artículo 3º. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:


De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.


En ningún caso la Justicia Penal Militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, del delito de genocidio ni de delitos que de manera específica, precisa y taxativa defina una ley estatutaria. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.


Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario.


Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre algún hecho que pueda ser punible y aplicando las reglas constitucionales y legales existentes no puede determinarse la jurisdicción competente, una comisión de coordinación mixta integrada por representantes de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal militar, constatará inmediatamente los hechos y preliminarmente remitirá la actuación a una de las dos jurisdicciones, sin perjuicio de las facultades asignadas al órgano encargado de definir el conflicto de competencias. La ley estatutaria regulará la composición de la comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinaria y penal militar, las autoridades que pueden solicitar su intervención y los plazos que deberá cumplir.


La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales y adoptar un Código Penal Policial.


La ley estatutaria establecerá las garantías de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar y policial. Además, regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.


Crease un fondo destinado específicamente a financiar el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley estatutaria, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.


Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.


Artículo 4º. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.


Cordialmente,



HR. EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO

Representante a la Cámara





HR. HUGO ORLANDO VELASQUEZ JARAMILLO

Representante a la Cámara




HR. OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE

Representante a la Cámara




HR. GERMAN VARON COTRINO

Representante a la Cámara




HR JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ

Representante a la Cámara




HR. HERNANDO ALFONSO PRADA GIL

Representante a la Cámara




HR. FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ

Representante a la Cámara



HR. GERMAN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara